La División Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, encabezada por su gerente, la abogada Erika Maira, dictó la capacitación en “Denuncia y Cadena de Custodia: el rol del profesional sanitario”, dirigida a directivos y jefaturas de servicios clínicos de nuestra red de atención.

La actividad forma parte de las acciones que se impulsan desde nuestro Servicio de Salud, para dar cumplimiento a las obligaciones legales que se presentan ante la atención de casos que implican posibles delitos (lesiones, violencia intrafamiliar, agresiones sexuales, etc.) y el levantamiento de posible evidencia relacionada con los mismos. Situación que además ha adquirido una mayor relevancia en medio de la actual contingencia nacional.

La cita, efectuada en el auditorio del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP), estuvo encabezada por la directora del SSMC, Dra. Patricia Méndez Del Campo, y contó con la participación de subdirectores médicos, jefes clínicos, directores de establecimientos de APS y representantes de los departamentos jurídicos, entre otros.

Durante la jornada, las representantes de la fiscalía respondieron dudas de los asistentes y expusieron sobre el rol, derechos y obligaciones de los trabajadores de la salud en estas materias legales. Entre los aspectos tratados estuvieron “Cadena de Custodia e implicancias en el Sistema de Salud”, “Denuncia y profesionales de la Salud” o “Coordinación entre la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte y la red de establecimientos el SSMC”. Además, en la oportunidad se informó sobre el estado de implementación de estos procedimientos en la red SSMC y las capacitaciones en curso en sus distintos equipos. Además, sobre la fase de término y pronta ejecución por Resolución Exenta del “Protocolo de Levantamiento de Evidencia mediante Cadena de Custodia del SSMC”, trabajo coordinado con establecimientos hospitalarios, APS urgencia y CESFAM, más la Dirección del Servicio.

En su intervención, la abogada Erika Maira recordó a los asistentes que, como funcionarios públicos, “todos somos agentes de justicia, y al atender en un servicio de urgencia, ustedes son el primer rostro del Estado y es su deber asegurar el acceso a la justicia a una eventual víctima. De allí nace la obligación de denuncia, como deber funcionario e imperativo ético”.